Imagina que, de la noche a la mañana, el dinero que has ahorrado con esfuerzo pierde valor sin que hayas hecho nada malo. No es un accidente: es inflación dolosa, planificada y sostenida por quienes manejan las riendas del poder económico. Lejos de ser un mero desajuste técnico o una anomalía pasajera en la política monetaria, esta inflación inducida representa una expoliación organizada, que socava el poder adquisitivo de millones, vulnera el derecho a la propiedad y amenaza las bases mismas de la supervivencia material de una sociedad.

La dimensión ética y jurídica de la inflación inducida

Desde un ángulo ético y legal, cuando gobiernos o bancos centrales generan inflación de manera intencional —ya sea para cubrir déficits fiscales, manipular ciclos electorales o disfrazar medidas populistas—, esto no se puede separar del concepto de corrupción. En realidad, se trata de una violencia estructural, desplegada desde las instituciones contra los sectores productivos y los ciudadanos comunes que sostienen la economía con su trabajo diario.

Los textos económicos tradicionales suelen describir la inflación como un proceso multicausal, casi inevitable, o incluso como un mal menor en ciertos contextos. Pero la realidad en muchos países revela otra cara: se ha convertido en una herramienta estatal deliberada. Cada incremento persistente en los precios implica una transferencia forzosa de riqueza, de los que producen y ahorran hacia una burocracia que derrocha recursos sin rendir cuentas.

El impacto en el contrato social y la confianza pública

Esta dinámica no solo debilita el bolsillo de la gente; también corroe los fundamentos morales del pacto social. Una economía que depende de la emisión incontrolada de moneda fiduciaria equivale a un sistema basado en engaños contables y fraudes normalizados. En este escenario, el ciudadano deja de ser el soberano y se transforma en rehén de una élite que impone subidas de precios mientras proclama igualdad y justicia social.

Al igual que la tortura organizada o los genocidios planificados se clasifican como crímenes contra la humanidad en el ámbito físico, la inflación dolosa podría verse como un crimen similar en el terreno económico. Afecta de forma masiva y prolongada derechos básicos como la vida digna, el acceso a alimentos, salud, educación y propiedad privada.

Ejemplos reales y consecuencias devastadoras

No es una hipérbole: las víctimas de esta inflación planificada superan en cantidad y duración a las de numerosos conflictos bélicos. Basta mirar casos como Venezuela, Zimbabue o Argentina, donde políticas inflacionarias crónicas han arrasado economías enteras. Han multiplicado la pobreza extrema, evaporado ahorros familiares, forzado el cierre de innumerables empresas y empujado a millones al exilio en busca de estabilidad.

Hacia una visión jurídico-humanitaria: Es esencial replantear la inflación no solo como un enfoque técnico, sino desde una óptica de derechos humanos. La generación intencional de inflación debería tratarse como un delito de corrupción económica a escala estructural, punible a nivel internacional. Los líderes gubernamentales y los directivos de entidades emisoras tendrían que enfrentar tribunales especializados por el perjuicio sistemático que esta violencia monetaria causa a sociedades enteras.

Si el siglo XXI aspira a proteger los derechos económicos como extensiones inseparables de los derechos humanos, debe abandonar la idealización del intervencionismo estatal y demandar accountability penal por la inflación inducida, al igual que por otras formas de corrupción endémica.

Bibliografía recomendada

• Hayek, F. A. (1944). Camino de servidumbre. University of Chicago Press.
• Rothbard, M. N. (2008). El gobierno y el dinero. Instituto Mises.
• Salin, P. (2003). Liberalismo: una antología. Unión Editorial.
• Hoppe, H. H. (2001). Democracia: el dios que fracasó. Ludwig von Mises Institute.
• Instituto Forense IDEF. (2025). Minusvalor o Minusvalía, Araos Díaz, C.